(NEW YORK – C-FAM) En la sesión plenaria de la semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó con 360 votos a favor y 277 en contra una “Directiva de Anti-discriminación” la cual, según sus críticos, abre paso a interferir en las políticas sociales de los países miembros y fortalece la posición de los activistas homosexuales. La resolución legislativa, llamada “Igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”, fue votada después de haber pasado por el Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (UE).
Esta directiva, la cual originalmente buscaba dar trato equitativo a los discapacitados al prohibir la discriminación de acceso a “bienes y servicios, incluyendo vivienda”, se expandió para incluir las categorías de religión o credo, edad y “orientación sexual”.
Kathalijne Maria Buitenweg, vice-presidenta del grupo de trabajo parlamentario de International Lesbian and Gay Association (ILGA) y miembro del Partido Verde Europeo, encabezó el comité de redacción de la directiva y orquestó la resolución. Buitenweg enfatizó vigorosamente la importancia de “combatir toda forma de discriminación”, declarando que “Debe ser posible para dos hombres alquilar un cuarto de hotel” aunque no quedó claro en qué parte de Europa no se permite esto.
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Los críticos alegan que las organizaciones no gubernamentales que abogan por “derechos homosexuales”, tales como ILGA, trataron de imponer su agenda al expandir la directiva para incluir todas las formas de discriminación, incluyendo explícitamente aquella basada en “orientación sexual”. (ILGA ha sido rechazada por la ONU para obtener un estatus de organización no gubernamental por muchos años debido a sus ligas con grupos pedófilos).
Hay quienes ven la directiva como otro ejemplo en el que la UE impone un punto de vista particular sobre la moralidad en sus estados miembros. La tendencia de la UE a excederse de su mandato e imponer sus predilecciones morales en los países se vio hace algunas semanas cuando el parlamento serbio sucumbió a las presiones de la UE al adoptar una ley anti-discriminación, apoyada por quienes abogan por los derechos homosexuales, con la esperanza de volverse miembro de la UE.
Un ejemplo de intolerancia en el nombre de la tolerancia es el caso del pastor sueco Åke Green, quien fue acusado de violar una ley sueca de no discriminación por catalogar la conducta homosexual como pecaminosa en un sermón, su castigo fue revertido por la defensa. El miedo predominante es que las nuevas cláusulas de orientación sexual inviten a nuevas interferencias a las políticas sociales de las naciones y fomenten la coerción hacia quienes creen que la conducta homosexual es un acto inmoral que va contra sus creencias.
Antes de volverse vinculante para los estados miembros, la Directiva de Anti-Discriminación aún debe ser votada por el Consejo de Ministros de la UE, un organismo separado que de facto funciona como una cámara alta legislativa. El Consejo de Ministros está conformado por los ministros de cada nación cuya responsabilidad englobe el tema que está siendo votado. El voto de cada país está ponderado de acuerdo al tamaño relativo de la población de cada uno, donde los votos de Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania son los de mayor peso mientras que Malta es el de menor.
La aprobación de la directiva se atribuyó a una coalición de partidos comunistas, liberales, socialistas y verdes.
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