Hugo Chávez pretende suprimir la libertad de prensa
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Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situación de Venezuela
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La libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente.
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Con el control y subordinación de todos los poderes del Estado a sus designios totalitarios, el presidente Hugo Chávez ha venido atropellando e interpretando a su conveniencia derechos constitucionales (sentencias 1.013 en el año 2001 para restringir la libertad de expresión y 1.942 en el año 2003 para desconocer la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dictadas por el Tribunal Supremo). También, reformando el Código Penal para criminalizar la disidencia y creando nuevas leyes, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, destinada a controlar el contenido en los medios radioeléctricos independientes.
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El gobierno utiliza procedimientos de falsa participación ciudadana en diferentes actividades y decisiones de la vida nacional. Los llamados “comités de usuarios” creados en la Ley para la radio y la televisión son integrados mayoritariamente por Incondicionales del régimen y constituyen uno de los instrumentos para lograr la hegemonía oficial sobre los medios y el periodismo.
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Ahora promueve, en el “Plan de la Nación 2.007-2.013”, “mesas técnicas de observadores de prensa, radio y televisión” y la “propiedad social” sobre los medios de comunicación. Dentro de este esquema de control exigirían también la difusión de “principios éticos”. Sin embargo, la vocación democrática del pueblo venezolano prevalece aun cuando Chávez trata de imponer ideas y modelos extraños a su idiosincrasia, perversas formas de control social fundamentadas en la violencia, la impunidad, la corrupción, la exclusión, la negación del derecho al trabajo, el engaño, el miedo y la supresión de los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución.
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Con el rechazo de la amplia mayoría del pueblo venezolano, registrado en encuestas, el Presidente pretende cambiar la Constitución que él propuso en 1999 y fue aprobada por votación popular, ordenando su reelección indefinida y legitimando un nuevo marco constitucional, calcado de la dictadura cubana. Además, quiere hacer desaparecer los medios de comunicación y toda posibilidad de democracia, libertad de expresión y de información, pluralismo, independencia, derechos individuales, control administrativo, evitar su futura rendición de cuentas.
Principales hechos en este período: El informe de Venezuela en la Reunión de Medio Año celebrada el pasado mes de marzo en Cartagena, Colombia, resaltó la amenaza de cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), formulada por el Presidente en diciembre de 2006, quien esgrimió como razón una acusación política, “Ese es un canal golpista”. La amenaza se cumplió a la medianoche del 27 de mayo de 2007. Todas las razones, protestas del pueblo contra el cierre, acciones judiciales, pronunciamientos de gran cantidad de instituciones e individualidades venezolanas, del sistema interamericano y del mundo fueron desestimadas. El ministro de Información del régimen amenazó el día que se iba a ejecutar el cierre con “demandar a los medios de comunicación que califiquen el caso de RCTV como un cierre”.
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El gobierno venezolano trató de negar la razón política del cierre de RCTV, explicando que se trataba del vencimiento de la concesión. En contraste, fue renovada la concesión al canal oficial Venezolana de Televisión y al canal Venevisión. La SIP calificó el cierre de RCTV como “un acto de barbarie y una represalia contra una voz crítica que le estorba al gobierno” y una misión internacional de la organización estuvo presente en la sede de la televisora el 27 de mayo. Previamente al cierre y autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, Chávez ordenó a la fuerza militar tomar las plantas transmisoras de RCTV en todo el país y sus equipos fueron confiscados, siendo utilizados actualmente para las transmisiones de un nuevo canal oficial.
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. Por su parte, Globovisión se ha constituido en un instrumento pluralista del pueblo para ejercer el derecho a la libertad de expresión. El gobierno le ha negado a Globovisión sistemáticamente los permisos para nuevas frecuencias de transmisión, impidiendo extender su cobertura como televisión abierta. Mientras tanto, allegados al poder acaban de inaugurar un canal de noticias que anuncia cobertura nacional. Globovisión enfrenta también 19 acciones judiciales en su contra, seis procedimientos administrativos sancionatorios y varias investigaciones penales ante el Ministerio Público, todas improcedentes y con claras motivaciones políticas.
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El presidente Chávez anunció a finales de mayo que le “va a aplicar personalmente el mínimo” a Globovisión. Seguidamente, el Ministerio Público citó al director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, y al conductor del programa “Aló Ciudadano,” Leopoldo Castillo, luego de que el Ministro de Información los acusara de “incitar al asesinato del Presidente Hugo Chávez”. Ravell respondió que las acusaciones buscan justificar la intención de cierre del canal. Opiniones de directivos de la SIP en Caracas con motivo del cierre del RCTV fueron calificadas por el Ministro de Información como “una injerencia en las leyes venezolanas, acusando a Globovisión de violar la Ley de Contenidos al transmitir declaraciones de la SIP.
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El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un comunicado manifestando su “preocupación por el progresivo deterioro del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela” y demandó al Estado Venezolano ante la Corte Interamericana “por violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de trabajadores y periodistas de Radio Caracas Televisión.”
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A solicitud de la Universidad Católica “Andrés Bello” y la organización “Reporteros sin Fronteras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está precisamente en estos días realizando audiencias para tratar la situación de Venezuela en lo relativo a institucionalidad y garantía de los derechos, discriminación política, situación de defensores, seguridad ciudadana e impunidad, así como la situación de las personas privadas de su libertad.
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La Constitución venezolana reconoce como un derecho ciudadano el libre acceso a la información pública, pero el gobierno desconoce todos los días este mandato constitucional, impidiendo el acceso de los medios de comunicación a las fuentes oficiales. Una encuesta que incluye a periodistas de prensa y televisión de todo el país que se desempeñan en medios independientes y oficialistas, indica que el 51% ha sido, en algún momento de los últimos 12 meses, impedido para acceder a una fuente oficial.
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El régimen de Chávez no admite contrastar realidades. A la información periodística y de investigación que revela la corrupción y la impunidad sin precedentes, la inseguridad ciudadana y la crisis de la justicia, la ineficiencia de los organismos del Estado, el alarmante deterioro de los servicios públicos y el desempleo, entre otras, el gobierno trata de enfrentarla con el cierre de las fuentes y una cartilla negadora de las realidades, repetida en complicidad de ocultamiento por el más alto hasta el funcionario de menor jerarquía. Ataques, represión, descalificaciones y agresiones directas contra los comunicadores sociales y los medios de comunicación son la respuesta al requerimiento de información ante los entes públicos. El régimen vigente de control de cambio para la conversión en moneda extranjera, instaurado desde febrero de 2003, alude a todos los sectores y actividades de la vida nacional.
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La discrecionalidad sobre la autorización gubernamental para adquirir divisas es usada como herramienta política, y así sectores de la producción, están observando retrasos importantes para poder importar insumos como el papel periódico. El cuantioso gasto en publicidad oficial del gobierno de Chávez, el que no tiene precedentes, sigue orientado al sostenimiento de medios oficiales, premiar la sumisión y la autocensura, así como tratar de penalizar al periodismo independiente. El presupuesto del gobierno este año para crear y mantener medios de comunicación “alternativos” a su servicio es de casi 800 millones de dólares.
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Ejecutando un proyecto desarrollado con Cuba está agregando nuevas televisoras a las seis que ya pertenecen al régimen, como VTV, Vive TV, Asamblea Nacional, Avila TV, Telesur y TVes. Esta última ocupa las frecuencias que anteriormente tenía Radio Caracas Televisión y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a RCTV. Analistas estiman que el gobierno controlará aproximadamente 3.000 emisoras de radio. Este año fue estatizada la más grande empresa de telecomunicaciones de Venezuela, que maneja voz, imagen y audio, telefonía móvil, fija e internet. A todo esto hay que agregar la confiscación de los espacios de la radio y televisión por parte del Presidente Chávez, al obligar a transmitir en cadena sus largas intervenciones y mensajes ideológicos.
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Como dijo el año pasado un alto personero del gobierno, “la hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”. Sin embargo, todos los canales del gobierno juntos no llegan al 20 por ciento de sintonía. El régimen de Chávez se empeña en consolidar su proyecto con acciones sistemáticas para el control social asignando la mayor importancia a la hegemonía sobre los medios de comunicación. Requiere uniformar el contenido, los mensajes, deformar los valores y principios de la democracia y la pluralidad, tratando de desconectar al pueblo de la realidad nacional y universal e imponer un dominio intelectual y político semejante a la dictadura cubana.
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Entre otros hechos de consideración que involucraron actos de violencia contra periodistas, se encuentran los siguientes: El 30 de marzo, el presidente del Instituto Regional de la Vivienda del Estado Barinas demandó por supuesto delito de difamación al periodista Dimas Medina, corresponsal del diario El Nacional. Al periodista Miguel Salazar, editor del semanario “Las Verdades de Miguel”, le dictaron, el 13 de abril, prohibición de salida del país acusado por difamación al gobernador del Estado Guarico.
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El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible, el 16 de abril, una solicitud de avocamiento interpuesta por los abogados de Patricia Poleo, quienes alegaron “violaciones constitucionales y legales” en el expediente abierto contra la profesional por el caso Anderson. Patricia Poleo está exiliada en Estados Unidos porque el régimen de Chávez la acusó de autoría intelectual en el crimen del fiscal Anderson. El Ministerio Público no ha encontrado prueba alguna contra ella, pero mantiene el juicio en suspenso con la amenaza de que podría ser reabierto en cualquier momento, tal como lo ratificó el Fiscal General de la República el pasado 4 de octubre. Habitantes del Estado Miranda repudiaron el 22 de abril el acoso a medios de comunicación y el allanamiento al diario La Región ejecutado por funcionarios del CICPC, quienes luego dijeron que se trató de una visita.
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La periodista Gina Reyes Demeis, del diario El Carabobeño ,fue detenida por la Guardia Nacional cuando cubría protestas de trabajadores frente a una empresa en la ciudad de Maracay el 24 de abril. El periodista Miguel Angel Rodríguez denunció ante la Fiscalía a un periódico del gobierno que promovió una campaña que pone su vida en peligro. El periodista Walter Córdova, del diario La Prensa, resultó víctima de un presunto atentado el 3 de mayo, del cual acusa al gobernador del Estado Guarico. El periodista Leocenis García, del semanario La Razón, denunció el 4 de mayo que está siendo acosado por presuntos efectivos de la Guardia Nacional debido a denuncias que ha publicado.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el 16 de mayo el atropello por la Policía Militar contra el reportero Gil Montaño, de El Universal. La periodista Anuska Buenaluque, de la cadena peruana “América Televisión”, denunció a un medio de Lima que la Guardia Nacional de Venezuela le disparó balas de goma durante la cobertura de las protestas en Caracas, en la víspera del cierre de RCTV. Amenazas personales, contra su familia y medios venezolanos independientes, denunció el 6 de junio el periodista Miguel Angel Rodríguez. José Rafael Ramírez, periodista del diario Reporte de la Economía, fue detenido por el CIPC por presunta extorsión el 12 de junio. El 14 de junio fueron agredidos la periodista Yurimar Añez y el camarógrafo Gilson Lucena, de la Televisora de la Costa, cuando cubrían manifestaciones en la ciudad de Puerto Cabello.
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El Fiscal del Ministerio Público solicitó permiso para pedir al semanario La Razón los datos personales, apuntes, documentos, soportes físicos y magnetofónicos que usó el periodista Luis Felipe Colina para sus denuncias de corrupción en PDVSA. Autoridades militares negaron acceso a reporteros de Globovisión al acto oficial de inauguración de Termo Zulia el 17 de junio. El 27 de junio, un grupo afecto al gobierno arremetió contra periodistas del diario El Impulso cuando depositaban una ofrenda floral ante El Libertador en la ciudad de Barquisimeto con motivo del Día del Periodista. La Alcaldía del Municipio Caroní, Estado Bolívar, ordenó restringir las ventas de periódicos el día en circulaba la edición aniversaria del diario Correo del Caroní.
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El periodista y director de Noticiero Digital. com, Róger Santodomingo, renunció el primero de julio a su cargo denunciando amenazas contra él y su familia. Luego su vehículo apareció incendiado. El 2 de julio fue demandado el periodista del Estado Táchira, Gustavo Azócar, por el diputado oficialista a la Asamblea Naciona,l Luis Tascón, responsable de la famosa “lista Tascón” utilizada por el régimen para la exclusión de cargos públicos de miles de ciudadanos que solicitaron el referendo revocatorio contra Chávez.
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Un tribunal ordenó el 14 de agosto la captura del periodista Leocenis García, como parte de la investigación que se sigue al Jefe de Redacción del diario Reporte, José Rafael Ramírez. Funcionarios de la Alcaldía del Municipio Bruzual, Estado Yaracuy, agredieron a golpes al periodista Wilmer Oquendo, del diario Yaracuy al Día, cuando tomaba fotografías al Alcalde y otros funcionarios que agredían a ex trabajadores del Municipio. El Padre José Palmar, Jefe de Redacción del diario Reporte de la Economía, denunció el 20 de agosto que enfrenta persecución en su contra y también al periodista Leocenis García, por sus denuncias de corrupción en la industria petrolera estatal y consignó cajas llenas de documentos para sustentar sus informaciones ante la Fiscalía.
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Oficialistas agredieron el 21 de agosto al equipo de RCTV Internacional, canal por cable, a las puertas de un tribunal, causando lesiones al camarógrafo Antonio Monroy. También fue agredida la periodista Iris García y el asistente de cámara Dennos Arenas. El 11 de septiembre fue allanada la sede de la empresa “Imprenta Gráfica”, de Alejandro Poleo, hijo del editor Rafael Poleo, donde se imprimen las portadas de la revista Zeta. Actuaron funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar que buscaban “material subversivo” posiblemente representado por panfletos con argumentos contra la reforma constitucional que promueve el presidente Chávez para su reelección permanente.
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El 17 de septiembre, un grupo desconocido de exaltados atacó la sede del diario “Panorama”, en Maracaibo, Estado Zulia. El 2 de octubre fueron violentadas y registradas las oficinas administrativas del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Había allí dinero y objetos que no fueron sustraídos. El 8 de octubre el ministro del Interior y Justicia criticó la transmisión por Globovisión de un vídeo sobre la inseguridad en el que se observan atracos a pasajeros de vehículos en plena autopista. El alto funcionario calificó de “actitud perversa” la transmisión de estos hechos por Globovisión y señaló “co-responsabilidad de los ciudadanos que allí trabajan”.
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Asimismo, ordenó al Cuerpo policial de Investigaciones Científicas y Criminalísticas abrir una investigación contra el canal acusando de querer “subvertir la sociedad por la difusión de un vídeo con la actuación de atracadores.” El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció en rueda de prensa, radio y televisión, que “con la reforma de la Constitución propuesta por el presidente Chávez desaparecerán los medios de comunicación independientes”. Dijo que “la reforma amenaza directamente la existencia de la propiedad privada porque incluye la expropiación sin sentencia firme, o sea, el gobierno podrá expropiar lo que le dé la gana y después hará los juicios; así podrá expropiar medios de comunicación”. D
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urante esta asamblea general, el 13 de octubre, la SIP reiteró su “firme decisión de continuar los planes para realizar su Reunión de Medio Año en Venezuela, en marzo de 2008, “a pesar de las aparentes presiones gubernamentales por las que hemos tenido dificultades para contratar una sede para el evento”. La SIP informó que se hicieron tratativas con hoteles de Caracas, Isla Margarita y Maracaibo, los que no prosperaron. La SIP dijo que “si bien no ha habido evidencia de presiones gubernamentales directas, se ha provocado un clima propicio para la autocensura empresarial”.
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Ese mismo día, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, William Lara, manifestó que la SIP volvió a agredir a Venezuela y negó que el gobierno venezolano haya presionado a cadenas hoteleras para que preste sus instalaciones a una asamblea de esa organización, diciendo, por otra parte, que la censura es una práctica habital de los dueños capitalistas de medios”. Lara reiteró que el gobierno “no presiona a los dueños de hoteles, pero sí rechaza que se quiera venir al país a difamar”.
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